“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tiempo de nacer, y tiempo de morir;
tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;
tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de destruir, y tiempo de edificar;
tiempo de guerra, y tiempo de paz”
(Del Eclesiastés)
Introducción
Adoptada en Colombia como parte integrante de su ordenamiento jurídico interno, la Convención de Ottawa situó al país frente a la obligación de erradicar las minas antipersona en un contexto marcado por altos niveles de contaminación por artefactos explosivos. Al incorporarse al derecho interno, este tratado reconocido por el Comité Internacional de la Cruz Roja como parte del derecho internacional humanitario convencional[3], impuso compromisos internacionales entre ellos los Estados parte deben adoptar todas las medidas necesarias para desminar las zonas contaminadas.
Colombia definió tempranamente el desminado humanitario (DH) como el conjunto de acciones orientadas a eliminar los riesgos generados por minas antipersona (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). Este proceso comprende actividades técnicas y comunitarias, entre ellas el estudio técnico (ET), la elaboración cartográfica, la remoción, la señalización de zonas minadas, la documentación posterior a las operaciones y la entrega segura de los terrenos despejados[4]. El objetivo fundamental fue recuperar los territorios afectados por artefactos explosivos para restablecer el derecho al uso de la tierra por parte de las víctimas, personas desplazadas y comunidades locales, asegurando que pudieran transitar y desarrollar sus actividades con plena confianza en la seguridad del territorio y en la fiabilidad del proceso ejecutado en cada una de sus fases. La seguridad territorial comprendía también las zonas de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación donde se alojaban los desmovilizados del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC[5].
De acuerdo con los estándares internacionales de desminado humanitario, fijados por las experiencias de desminado en circunstancias geográficas y conflictuales diferentes a las colombianas sugiere la evaluación de la durabilidad de minas sembradas[6]. De allí, que la Acción Integral contra Minas Antipersona (AICMA) estructurara esta labor en tres fases principales: el estudio no técnico (ENT), el estudio técnico (ET) y el despeje.
El estudio no técnico consiste en recopilar y analizar información sin intervención directa en el terreno, con el fin de identificar la posible presencia y extensión de la contaminación por artefactos explosivos y orientar la priorización de las zonas a intervenir. El estudio técnico, por su parte, implica verificaciones de campo mediante procedimientos especializados para confirmar la presencia, tipo y ubicación de los artefactos, y así respaldar la toma de decisiones con evidencia verificable. Finalmente, la fase de despeje comprende las acciones destinadas a remover o destruir completamente los artefactos explosivos en áreas previamente delimitadas, conforme a los parámetros establecidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) - Descontamina Colombia[7].
Los estándares internacionales reconocen tres modalidades operativas de despeje: la manual, que se ejecuta por desminadores especializados que inspeccionan el terreno con herramientas técnicas; la mecánica, que emplea equipos o vehículos barreminas adaptados para destruir artefactos; y la canina, basada en el uso de perros detectores de minas para localizar explosivos mediante olfato[8].
En Colombia, estas operaciones se llevaron a cabo conforme a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, bajo la supervisión y control de calidad externo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que verificaba la conformidad de los procedimientos y los resultados obtenidos.
La OACP fue facultada, según el numeral 22 del artículo 18 del Decreto 179 de 2019, para formular y dirigir la estrategia nacional del AICMA, así como para apoyar el desarrollo de la política pública en esta materia. En el marco de dichas competencias, la OACP tiene la responsabilidad de elaborar y adoptar los estándares nacionales que rigen las actividades de desminado humanitario en Colombia.
El país dispone de un marco normativo técnico estructurado en tres niveles de estándares:
1. Estándares estratégicos, que definen los lineamientos para la acreditación de organizaciones, la asignación de tareas, el monitoreo, la liberación de tierras y la gestión de calidad del proceso[9].
2. Estándares operativos, que regulan las fases de estudio no técnico, estudio técnico y despeje, así como los procedimientos de señalización, organización del sitio de trabajo y técnicas de detección manual, canina y mecánica[10].
3. Estándares de apoyo a las operaciones, que establecen los criterios para la disposición segura de artefactos explosivos (EOD), la gestión territorial e informativa, la educación en el riesgo de minas y municiones sin explosionar, y la investigación de incidentes y accidentes[11].
El desminado humanitario es una actividad altamente especializada que requiere personal entrenado y certificado conforme a los estándares nacionales. En virtud de un acuerdo con la OEA, la oficina MAP-OEA en Colombia realiza la evaluación técnica de equipos, personas y caninos, y supervisa el monitoreo externo de las operaciones de las entidades acreditadas.
La Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 1 (BRDEH) del Ejército Nacional y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina (AEDIM) de la Armada iniciaron sus labores en 2005, centradas inicialmente en la limpieza de 35 bases militares, como parte de las obligaciones asumidas por Colombia al adherirse a la Convención de Ottawa[12]. Desde 2007, estas operaciones se extendieron a comunidades afectadas por la contaminación con MAP y MUSE.
Posteriormente, la Ley 1421 de 2010 y su Decreto reglamentario 3570 de 2011 permitieron la participación de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales en actividades de desminado, siempre que cumplieran los estándares nacionales y superaran los procesos de certificación y aval del Gobierno. Conforme al Decreto 3750 de 2011 y a los International Mine Action Standards (IMAS), las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) deben cumplir la legislación laboral, ambiental, penal y de seguridad y salud en el trabajo vigente, contratar formalmente a su personal y garantizarle pólizas de vida y seguros complementarios que cubran los riesgos físicos o psicológicos derivados de estas tareas.
Hasta la fecha, Colombia cuenta con siete organizaciones acreditadas en desminado humanitario:
Capacidad estatal:
· Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 1 (BRDEH)
· Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina (AEDIM)
Capacidad civil:
· The HALO Trust
· Handicap International – Humanity & Inclusion
· Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)
· Danish Demining Group (DDG)
· Humanicemos DH
El conflicto armado colombiano ha acarreado graves daños en materia de medio ambiente. La sostenibilidad ambiental es un reto mayúsculo en el contexto del conflicto, en razón a los daños por deforestación que suponen los cultivos ilícitos para la producción de drogas que financian a los actores armados ilegales, junto a la explotación de la minería ilegal que es otra de sus fuentes económicas importantes[13], a lo que se agrega la contaminación resultante del minado por parte de tales actores armados.
A pesar del aumento de organizaciones autorizadas desde 2016 y de la adopción progresiva de estándares internacionales, Colombia enfrenta un desafío adicional que complejiza el proceso de despeje: la presencia generalizada de minas improvisadas empleadas por distintos actores armados. A diferencia de las minas de fabricación industrial, cuyas propiedades, funcionamiento y degradación a lo largo del tiempo están estandarizadas[14], los dispositivos improvisados o artesanales presentan variabilidad en materiales, mecanismos y vital útil, lo que dificulta predecir su comportamiento y eleva el nivel de riesgo para los operadores.
Esta característica obliga a mantener métodos de desminado predominantemente manuales o apoyados en binomios caninos[15], en detrimento de técnicas mecanizadas más eficientes, y tensiona los parámetros temporales previstos por la normativa internacional, que asume condiciones de degradación propias de minas industriales.
Las minas antipersona constituyen un método de guerra empleado junto con otros instrumentos bélicos en contextos de conflictividad social, generalmente asociados a disputas por intereses, territorios e ideologías[16]. En este escenario, el derecho y los mecanismos de control social y jurídico cumplen una función orientada tanto a la gestión institucional de la divergencia social como a la producción de marcos normativos y registros estadísticos confiables, indispensables para el análisis y la comparación de los efectos de los conflictos armados[17]. Estos insumos resultan fundamentales no solo para evaluar la experiencia colombiana en el marco de la Convención de Ottawa, sino también para facilitar estudios comparados[18] con otros Estados que buscan reducir la contaminación por minas antipersona.
De manera complementaria, este enfoque contribuye a la consolidación de un pensamiento sociojurídico situado en el Sur global, capaz de formular diagnósticos y aportes teóricos ajustados a las particularidades históricas y sociales de América Latina[19]. En este sentido, se reconoce que los marcos analíticos producidos desde el Norte global no siempre resultan adecuados[20] para comprender ni intervenir en contextos marcados por violencias prolongadas y asimetrías estructurales. Todo ello se inscribe en el propósito más amplio de promover sociedades orientadas a la protección efectiva de la persona, sustentadas en valores de solidaridad, justicia y libertad, y comprometidas con la garantía de los derechos humanos[21].
Metodología
El estudio se sustenta en el examen de registros públicos disponible en los sistemas de información de la OACP, entidad encargada de coordinar la DAICMA y de orientar la política nacional del AICMA. Se adoptó un enfoque descriptivo y analítico, orientado a examinar los avances y resultados de las políticas y programas implementados por el Estado colombiano para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Convención de Ottawa. Para el desarrollo del análisis, se utilizaron las bases de datos, reportes técnicos y documentos estadísticos disponibles en el portal institucional del AICMA [http://www.accioncontraminas.gov.co], que concentran la información oficial sobre la gestión y evolución de las operaciones de desminado humanitario en el territorio nacional.
El periodo de observación se delimitó entre 2001 a 2021, en correspondencia con la fase de implementación y consolidación de los compromisos asumidos por Colombia en el marco de la Convención de Ottawa. Si bien dichas obligaciones internacionales se activaron el 1 de marzo de 2001, tras la ratificación del Convenio por medio de la Ley 554 de 2000, los registros operativos consolidados comienzan a documentarse desde 2004[22], cuando se reportaron las primeras actividades de desminado en instalaciones militares y se completó la destrucción de las existencias de minas antipersona iniciada en 2003[23]. Para este estudio se consideraron los informes oficiales con corte a 2020 elaborados por la OACP[24], complementados con los avances publicados a finales de 2021, con el propósito de reflejar el estado de la política al cierre del Plan Estratégico 2016-2021. La exclusión del periodo presidencial 2022-2026 constituye una decisión metodológica orientada a evitar la incorporación de procesos aún en desarrollo y a permitir una lectura comparada de la acción estatal por ciclos gubernamentales; su análisis se proyecta como una fase posterior de investigación, una vez se cuente con información cerrada y verificable.
Con el fin de reforzar la validez comparativa y la consistencia de los datos, la información oficial fue contrastada con los principales reportes internacionales especializados en la materia[25], en particularmente con los del Landmine Monitor, elaborados por la International Campaign to Ban Landmines - Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC)[26].
El tratamiento de los datos incluyó la depuración, estandarización y sistematización de las series estadísticas sobre áreas despejadas, artefactos destruidos y municipios liberados, así como la construcción de indicadores comparativos por año y por tipología municipal. Adicionalmente, se elaboraron mapas temáticos y gráficos analíticos que permitieron visualizar la evolución del desminado y su concentración territorial. La interpretación de los resultados se apoyó en criterios de eficacia operativa y coherencia institucional, garantizando la trazabilidad y consistencia de las fuentes y permitiendo una lectura integral del proceso de desminado humanitario en Colombia durante el periodo analizado.
Discusión y resultados
Adoptada la Convención de Ottawa en el derecho interno, Colombia reconocido como un territorio de alta contaminación, dispuso según Vargas-Montes
The Halo Trust, Danish Demining Group, Handicap International, la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), la Brigada de Ingenieros de desminado Humanitario (BRDEH), la Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina (AEDIM) se distinguieron por su capacidad de coordinación y continuidad en las operaciones de desminado humanitario en Colombia[27].
No obstante, resulta relevante destacar el liderazgo y la trayectoria de The HALO Trust y la CCCM, cuya labor ha sido determinante en la consolidación de territorios libres de minas antipersona (véase Mapa 1).
Mapa 1: Mapa Organizaciones encargadas del DH en Colombia
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DAICMA y OACP.
En la Figura 1 se presentan los datos consolidados sobre el avance de las tres etapas del desminado humanitario, estudio no técnico (ENT), estudio técnico (ET) y despeje, según la actividad de los distintos operadores acreditados en el país. Durante el periodo comprendido entre 2004 y noviembre de 2021, las organizaciones registraron un total de 10.208 intervenciones, de las cuales 7.976 correspondieron a estudios no técnicos (78,1 %), 855 a estudios técnicos (8,4 %) y 1.377 a tareas de despeje (13,5 %)[28].
La lectura de estos datos sugiere una concentración significativa de esfuerzos en las etapas iniciales de diagnóstico y levantamiento de información, mientras que las fases de intervención directa en terreno mantuvieron un desarrollo más limitado. Este comportamiento operativo puede explicarse por la prioridad otorgada a la identificación y delimitación de áreas con sospecha de contaminación como paso previo indispensable para la planificación de las acciones de limpieza y restitución del uso del suelo.
Figura 1: Participación operativa de las organizaciones acreditadas en las fases del desminado humanitario (2004–2021)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
La Figura 1 muestra una clara asimetría en la distribución de los estudios y operaciones de desminado humanitario realizadas en Colombia. La BRDEH concentró la mayor proporción de los estudios no técnicos, lo que pone de relieve su capacidad operativa en la fase inicial de diagnóstico y delimitación de áreas con sospecha de contaminación. Por su parte, The HALO Trust presentó un desempeño más equilibrado entre las actividades técnicas y las de despeje, evidenciando una intervención integral que abarcó desde la verificación del riesgo hasta la remoción efectiva de artefactos explosivos.
En términos generales, los resultados reflejan una distribución funcional diferenciada entre las organizaciones participantes: mientras algunas enfocaron su labor en la recolección y análisis de información para la identificación de zonas peligrosas, otras concentraron su experiencia en la ejecución directa de las operaciones de limpieza y restitución de terrenos, configurando así un sistema de especialización complementaria dentro del proceso nacional de desminado humanitario.
El resto de las organizaciones: AEDIM, CCCM, APN, HUMANICEMMS y DDG, mostraron niveles reducidos de intervención, lo que podría asociarse con restricciones operativas, limitaciones logísticas o menor cobertura territorial. En términos generales, la figura revela una concentración significativa de los esfuerzos de desminado en un número limitado de entidades, así como una desigualdad marcada en la capacidad de ejecución, particularmente en la fase de despeje, etapa clave para la recuperación segura y efectiva del uso de la tierra por las comunidades afectadas.
Desarrollo y resultados de la política del AICMA (2004–2021)
Colombia ha mantenido un sistema de registro continuo sobre los eventos ocasionados por MAP y MUSE dentro de su base nacional de datos. A partir de 2002, el país implementó un proceso más estructurado de recolección y sistematización de la información sobre estos eventos[29]. Asimismo, en el marco de la adoptación de estándares internacionales, se incorporó un glosario terminológico que unificó el concepto de evento, integrando tanto los incidentes como los accidentes[30]. En este sentido, los reportes de eventos incluyen, por una parte, aquellos sucesos que no generaron afectaciones a personas (incidentes) y, por otra, los que ocasionaron daños físicos o psicológicos (accidentes). Por esta razón, las figuras 2, 3 y 4 presentan el conteo agregado de eventos, comprendiendo ambos tipos de registros.
Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2010, se documentaron 17.112 eventos relacionados con MAP y MUSE, según se observa en la Figura 2, lo que permitió contar con una línea de base más precisa para evaluar el impacto humanitario y territorial del problema, así como para orientar las acciones de prevención, asistencia a víctimas y priorización de zonas contaminadas en el marco del PAICMA.
Figura 2: Tendencia nacional de eventos por artefactos explosivos MAP-MUSE (2002-2010)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Entre 2011 y 2019 se registraron 16.560 eventos causados por MAP y MUSE. A lo largo de este periodo, conforme avanzaron las labores de desminado y se fortalecieron los mecanismos de intervención humanitaria, el número de eventos mostró una tendencia sostenida a la baja. De hecho, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, coincidiendo con el inicio de los procesos derivados del Acuerdo de Paz, se observó una reducción del 79% en la ocurrencia de eventos, lo que sugiere una relación directa entre la implementación de políticas de paz y la disminución de la contaminación por artefactos explosivos, en un claro efecto de ius post bellum[31], aunque el conflicto aún subsista[32]. (Figura 3).
Figura 3: Eventos por MAP-MUSE (2011-2019)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
El gráfico evidencia una disminución progresiva y sostenida de los eventos por MAP y MUSE entre 2011 y 2019, con un descenso particularmente marcado a partir de 2014. Los años 2011 y 2013 concentran el mayor número de incidentes (2.928 y 2.783, respectivamente), mientras que hacia 2018 y 2019 las cifras caen de manera drástica, alcanzando apenas 553 y 529 casos.
Esta tendencia confirma no solo una mejora en la eficacia de las operaciones de desminado humanitario, sino también el impacto positivo de las políticas públicas implementadas durante y después del proceso de paz. En particular, los datos correspondientes al período 2016 - 2019 reflejan un escenario de mayor control institucional y una reducción de la violencia armada en las zonas históricamente afectadas.
Figura 4: Eventos por MAP-MUSE (2020-2021)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Entre 2020 y marzo de 2021 se observó una reducción en la incidencia de eventos asociados a MAP y MUSE (Figura 4). Con base en las estimaciones derivadas de los registros de eventos, el Gobierno Nacional determinó una superficie total con sospecha de contaminación de 51.244.350 m² (aproximadamente 51,2 km²), distribuida en 713 municipios[33].
Desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario en 2004 hasta 2021, se reportó la liberación de 8.309.261 m² de terreno, de los cuales 3.139.280 m², equivalentes al 37,78% del total, fueron despejados en los dos últimos años del periodo analizado. Este comportamiento confirma una mejora significativa en la capacidad de intervención y en la eficiencia operativa de los actores encargados en los años 2020-2021.
El patrón espacial de las operaciones realizadas entre 2004 y noviembre de 2021 evidencia una estrategia de priorización territorial dirigida hacia los departamentos con mayor afectación histórica: Antioquia, Meta, Caquetá, Caldas y Tolima (Mapas 2 y 3). Estas regiones, que concentran la mayoría de las víctimas y una prolongada exposición al conflicto armado, fueron objeto de intervenciones más intensivas. Tal focalización refleja un avance en la planificación institucional y en el uso estratégico de los recursos, al orientar las acciones de descontaminación hacia las zonas donde el riesgo humanitario resultaba más elevado.
Dado que el objetivo central de la investigación es evaluar la evolución de las operaciones de despeje, la capacidad operativa y los resultados en la reducción de la contaminación por artefactos explosivos dentro del periodo 2001-2021, se optó por delimitar analíticamente el estudio hasta dicho año, excluyendo el último periodo presidencial 2022-2026. Esta decisión metodológica responde a la necesidad de evaluar políticas públicas consolidadas, evitando incorporar procesos aun en curso y permitiendo, en cambio, una lectura comparada de la acción estatal por ciclos gubernamentales. El análisis del periodo posterior se proyecta como una línea de investigación futura, una vez se cuente con información cerrada y verificable.
No obstante, resulta metodológicamente pertinente dar cuenta de la tendencia reciente reportada por el AICMA, dada su magnitud e implicaciones. En 2022 se registraron 513 eventos; en 2023, la cifra ascendió a 971 eventos; y en 2024 se alcanzó 1.068 eventos. A septiembre de 2025, el número de eventos reportados se situaba en 948. Estos valores evidencian un incremento cercano al 50% en comparación con el periodo 2016-2021, correspondientes a los años en los que se llevó a cabo la negociación del proceso de paz y los años subsiguientes, alcanzando niveles similares a los observados antes del inicio de las conversaciones de paz. Este repunte constituye una señal de alerta para la política de desminado humanitario, en la medida en que podría reflejar un aumento de la contaminación por artefactos explosivos y, potencialmente, la reaparición de zonas afectadas que no habían sido previamente identificadas o que habían sido liberadas.
Mapa 2: Mapa nacional de los departamentos con mayor intervención de descontaminación del 2004 a noviembre de 2021
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Mapa 3: Mapa de los departamentos con mayor intervención de descontaminación del 2004 a noviembre de 2021
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
De acuerdo con los Mapas 2 y 3, el departamento del Meta registró la mayor superficie descontaminada, alcanzando 2.733.797 m², seguido por Antioquia, con 1.015.947 m². En menor proporción, pero con aportes igualmente significativos, se ubicaron Caquetá, Caldas y Tolima. En conjunto, las labores ejecutadas permitieron liberar un total de 6.071.077m², resultado que evidencia un esfuerzo sostenido del país por restablecer la seguridad territorial y reactivar el uso productivo de la tierra.
No obstante, la persistencia de amplias zonas aún contaminadas confirma que el desminado humanitario continúa representando un reto estructural, particularmente en regiones rurales donde la limitada presencia institucional y las dificultades de acceso restringen el avance operativo. Para noviembre de 2021, el área despejada equivalía al 19,5 % de los 51 millones de m² identificados como contaminados, proporción que, aunque denota progresos relevantes en la gestión del riesgo y la recuperación del territorio, pone de relieve la magnitud del desafío que aún enfrenta el país en materia de descontaminación total.
Figura 6: Área despejada (m²) por departamentos 2004-2021
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Como se aprecia en la Figura 6, los departamentos de Antioquia (2.949.981 m²), Meta (1.193.869 m²) y Caquetá (1.115.557 m²) registraron las mayores extensiones despejadas, seguidos por Caldas, Tolima y Santander, con valores también significativos. Esta distribución muestra una mayor capacidad operativa en las regiones con niveles críticos de afectación, donde las acciones de desminado humanitario se vincularon a los procesos de reparación y restitución de tierras. La justicia transicional que supone procesos de reparación y restitución de derechos[34], debería también impactar en el desminado. No obstante, la existencia de amplias zonas aún contaminadas, particularmente en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, evidencia que el progreso territorial del desminado continúa siendo desigual y que se necesita mayor estabilidad institucional y técnica para alcanzar una cobertura nacional efectiva.
El Plan Estratégico del AICMA 2016–2021 estableció una metodología de priorización territorial que permitió clasificar los 1.103 municipios del país según su nivel de exposición a la contaminación por artefactos explosivos. Esta metodología agrupó los municipios en cuatro tipologías:
· Alta afectación (Tipología I), correspondiente a los territorios con mayor presencia y frecuencia de accidentes por minas antipersona.
· Media afectación (Tipología II), donde el riesgo era moderado pero persistente.
· Baja afectación (Tipología III), en la que los incidentes y reportes resultaban ocasionales.
· Sin afectación (Tipología IV), referida a los municipios sin registros confirmados de contaminación.
Dicha categorización sirvió para jerarquizar los esfuerzos institucionales, establecer criterios técnicos en la asignación de recursos y orientar la planificación operativa de manera que las acciones de desminado se concentraran en los territorios más afectados por MAP y MUSE.
Figura 7: Distribución territorial de municipios por nivel de afectación
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
El análisis cartográfico sobre la tipología municipal permitió identificar una disposición desigual del riesgo asociado a los artefactos explosivos. Se advirtió que las zonas andina, pacífica y amazónica concentraban la mayoría de los municipios clasificados en los niveles I y II, lo cual coincide con los territorios históricamente afectados por la actuación de grupos armados irregulares. En ese conjunto, los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño, Cauca y Norte de Santander reunieron el mayor número de localidades con alta afectación, reafirmando su condición como espacios de riesgo persistente y con limitaciones para el aprovechamiento agrícola y social de la tierra. Dichas áreas siguieron representando uno de los principales retos para la implementación plena de la política nacional de desminado.
En cambio, los municipios integrados en las categorías III y IV, ubicados principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima, reflejaron mejoras en la reducción del peligro y un incremento en la eficacia de las acciones de descontaminación, lo que evidenció un avance sostenido hacia la recuperación territorial y el retorno de la población desplazada. Por su parte, los territorios priorizados dentro del Plan de Intervención de Desminado Humanitario dieron cuenta de un trabajo conjunto entre instituciones del nivel nacional y administraciones locales, orientado a la intervención de corredores estratégicos y áreas de transición hacia escenarios de paz.
Aun así, la extensión de los espacios contaminados confirmó que el proceso de desminado continuaba siendo un desafío estructural, dependiente de la estabilidad institucional, la disponibilidad presupuestal y la presencia efectiva del Estado en las zonas más remotas. El fracaso de el proceso denominado de Paz Total con las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN[35], que parece definitivo, incide tanto en las dificultades para desminar como en la ampliación de las zonas contaminadas.
La Figura 8 ilustra la correspondencia entre las superficies despejadas (m²) y la cantidad de artefactos explosivos neutralizados en los veinte municipios contemplados dentro del Plan de Intervención de Desminado Humanitario implementado antes de 2016. Durante el período comprendido entre 1990 y marzo de 2021, la mayor parte de las operaciones de destrucción se llevó a cabo en municipios clasificados con alta afectación (75,08 %), mientras que los de afectación media representaron el 13,01 %, los de baja afectación el 2,11 %, y aquellos sin afectación registrada apenas el 0,4 %.
Estos datos reflejan una focalización de las acciones de desminado en las zonas con mayores niveles de riesgo y concentración de artefactos, en coherencia con los criterios de priorización establecidos por la política nacional en la materia.
Figura 8: Áreas despejadas (m²) y artefactos explosivos destruidos en los 20 municipios del plan de desminado humanitario previo a 2016
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Previo a 2016, las labores de desminado humanitario se desarrollaban en veinte municipios priorizados, incluidos dentro del Plan de Intervención de Desminado Humanitario representado en la Figura 8. Para diciembre de 2019, dichas acciones habían permitido liberar 3.270.856 m², equivalentes al 51,4 % del total nacional despejado hasta esa fecha. En esos mismos territorios se identificaron y destruyeron 1.872 artefactos explosivos (MAP/MUSE), cifra que correspondía al 50,39 % del total neutralizado en el país, lo que evidencia su papel estratégico dentro del proceso nacional de descontaminación.
La Figura 8 mostró que la mayor proporción de superficie despejada y artefactos destruidos se concentró en municipios con alta afectación, seguidos de los de afectación media, mientras que la intervención en zonas con baja o nula afectación fue marginal. Estos resultados demostraron que las operaciones se dirigieron prioritariamente hacia los territorios con mayor nivel de contaminación, logrando una distribución de esfuerzos coherente con el riesgo existente.
Con la puesta en marcha del Plan Estratégico del AICMA 2016–2021, se priorizaron las Tipologías I y II frente a las III y IV, al incorporar la baja o nula accidentalidad como variable para la categorización municipal[36]. Dicho plan tuvo continuidad durante el gobierno de Iván Duque, que introdujo ajustes metodológicos como la actualización de la línea base de estimación de afectación, la redefinición de las tipologías municipales y la adopción de un enfoque diferencial de intervención[37]. En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022[38] estableció como objetivo general reducir el riesgo derivado de la presencia o sospecha MAP, MUSE y artefactos explosivos improvisados (AEI), fijando como meta para 2022 declarar libres de sospecha de contaminación el 81,46 % de los municipios afectados.
La puesta en marcha del Plan Estratégico AICMA 2016–2021 marcó un punto de inflexión en el fortalecimiento de la capacidad operativa del desminado humanitario en Colombia. A lo largo de este periodo, el número de organizaciones con acreditación oficial se amplió de tres a once, integrando dos instituciones estatales y nueve organizaciones civiles, de origen tanto nacional como internacional, lo que amplió significativamente el alcance y la cobertura de las intervenciones en el territorio.
En ese contexto, las Fuerzas Militares asumieron el 68,5 % de las operaciones de desminado, con un papel predominante de la BRDEH, responsable del mayor número de estudios técnicos y no técnicos en el país. Este fortalecimiento permitió ampliar la cobertura territorial, pasando de 20 municipios con intervención activa a 369 municipios atendidos hasta marzo de 2021, lo que evidenció una expansión sostenida de la capacidad operativa.
Figura 9: Plan de Desminado Humanitario: artefactos destruidos por tipología municipal
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
Como se observa en la Figura 9, la mayor proporción de artefactos explosivos destruidos correspondió a municipios de Tipología I, que concentraron el 75,1 % de los casos (28.006 artefactos). Los municipios de Tipología II representaron el 13,0 % (4.853 artefactos), seguidos por los de Tipología III con el 2,1 % (789 artefactos), mientras que las zonas sin afectación (Tipología IV) registraron solo el 0,4 % (151 artefactos). Finalmente, los municipios comprendidos dentro del Plan de Intervención de Desminado Humanitario alcanzaron un 9,4 % (3.503 artefactos).
Estos resultados confirmaron que las acciones operativas se concentraron en los territorios con mayor grado de afectación, en concordancia con los criterios de priorización definidos por la política nacional, y que el incremento de organizaciones y capacidades contribuyó a optimizar la eficiencia de las labores de despeje y destrucción. El incremento en la capacidad operativa se reflejó en un notable avance de las áreas despejadas y los artefactos destruidos a partir de 2016, como se aprecia en la Figura 10.
Figura 10: Relación entre avance territorial y destrucción de artefactos explosivos, 2004-2021
Fuente: Elaboración propia con base en datos del AICMA.
La serie temporal evidencia una progresión irregular pero ascendente del desminado humanitario en Colombia. Entre 2004 y 2008, las áreas despejadas fueron modestas, con valores anuales inferiores a 500.000 m², y el número de artefactos destruidos se mantuvo por debajo de los 3.000, reflejando una etapa inicial de consolidación institucional y de limitada capacidad operativa.
A partir de 2010, las cifras muestran un crecimiento sostenido: el área despejada supera el millón de metros cuadrados en varios años, con un pico notable en 2012, cuando se registran más de 1,8 millones de m² intervenidos. No obstante, entre 2013 y 2016 se observa una disminución progresiva, posiblemente asociada a la reorganización institucional previa al Acuerdo Final de Paz.
El comportamiento cambia radicalmente desde 2017, año en que la superficie despejada vuelve a aumentar de una manera importante (729.531 m²) y se alcanza un máximo histórico en 2019 con 1.810.233 m², coincidiendo con la expansión de las operaciones de desminado bajo el Plan Estratégico AICMA 2016-2021. En 2020 se registra una reducción atribuible al impacto de la pandemia de COVID-19, pero en 2021 las labores se reactivan, alcanzando 1.616.460 m² y más de 3.000 artefactos destruidos.
En conjunto, los datos confirman una tendencia general de fortalecimiento operativo desde 2016, impulsada por la ampliación del número de organizaciones acreditadas y por la focalización territorial definida por tipologías municipales.
Conclusiones
A partir de la ratificación del Convenio de Ottawa y su entrada en vigor en Colombia en 2001, el proceso de desminado humanitario avanzó de forma gradual en sus primeras etapas, evidenciando progresos limitados en la eliminación de artefactos explosivos. Sin embargo, durante el último quinquenio del periodo examinado se observó una aceleración sostenida de las operaciones. Este cambio estuvo estrechamente vinculado, por un lado, con el cese de hostilidades de las FARC-EP previo a la firma del Acuerdo Final de Paz, lo que permitió intervenir zonas con alta densidad de contaminación; y por otro, con la ejecución del Plan Estratégico AICMA 2016-2021, que consolidó una mayor capacidad técnica, operativa e institucional dentro del sistema nacional de desminado humanitario.
En términos cuantitativos, entre 2004 y 2021 el área total despejada superó los 16,5 millones de m², lo que representa un incremento superior al 250 % respecto a la primera década de operaciones. El promedio anual de despeje pasó de menos de 400.000 m² entre 2004 y 2010, a más de 1,3 millones de m² desde 2017. De manera paralela, el número de artefactos destruidos aumentó de menos de 2.000 unidades anuales en los primeros años a más de 3.000 en el periodo 2018-2021. Estos resultados confirman que el mayor crecimiento operativo y técnico del desminado humanitario se concentró en la fase final del periodo examinado, impulsado por la ampliación de las organizaciones acreditadas y la priorización territorial por tipologías municipales.
Los estándares nacionales de desminado demostraron ser funcionales y han sido objeto de ajustes continuos a partir de la experiencia acumulada por los operadores en terreno. Sin embargo, persisten debilidades estructurales, particularmente debido a la ausencia de un estándar específico de liberación de tierras y las limitaciones en la articulación interinstitucional, especialmente en municipios rurales con limitada presencia estatal, lo que afecta la sostenibilidad de los resultados alcanzados.
Al cierre de 2021, únicamente el 19,5 % del área identificada como contaminada había sido despejada, mientras que el 80,5 % permanecía bajo sospecha, lo que ya evidenciaba la magnitud del desafío pendiente. Aunque este estudio se delimitó metodológicamente al periodo 2001-2021 para evaluar políticas públicas consolidadas, la evolución posterior resulta relevante como indicador de riesgo: entre 2022 y septiembre de 2025, los eventos asociados a MAP y MUSE aumentaron cerca de un 50 % respecto al periodo 2016-2021, alcanzando niveles comparables a los previos al proceso de paz. Este repunte constituye una señal de alerta para la política de desminado humanitario, al sugerir una posible reconfiguración de la contaminación y la aparición de zonas afectadas previamente no identificadas o ya liberadas.
En síntesis, entre 2001 y 2021 Colombia consolidó una capacidad operativa creciente en desminado humanitario, con resultados más visibles tras la adopción del enfoque por tipologías y la implementación del Plan AICMA 2016-2021. No obstante, la persistencia de amplias áreas contaminadas, las brechas territoriales en la intervención y las señales recientes de recrudecimiento del riesgo confirman que el cumplimiento pleno de los compromisos internacionales exige continuidad institucional, financiación sostenida y de una presencia estatal efectiva en los territorios rurales más afectados.
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