Introducción
La Ley Provincial Nº
6354 fue la primera adecuación jurídica a los postulados de la Convención de
los Derechos del Niño (en adelante, CDN) en la República Argentina. Fue sancionada
por la cámara de Diputados de la provincia de Mendoza en el año 1995, a cinco
años de la ratificación de la Convención por medio de la Ley Nacional Nº 23.849
(1990-1995) y a un año de la inclusión de la Convención en la Constitución
Nacional (1994) (LUCERO, 2013). Se popularizó con el adjetivo de “pionera”
debido a la osadía de adecuar sustancialmente el sistema jurídico, político e
institucional al primer tratado de derechos humanos para las infancias y
adolescencias (KONTERLLNIK; MUÑOZ; PELLIZA, 2002, OCAÑA; LAVADO, 2008; FARIAS
CARRACEDO, 2014; MOLINA de JUAN, 2017). Tal fue la repercusión de esta
normativa que en el Encuentro Federal sobre Políticas de Infancias y
Adolescencias realizado en agosto de 1997 en Mendoza, el Director de UNICEF en
Argentina, Patricio Fuentes Sarmiento, planteó que:
la Ley 6.354
constituye un hito significativo o hacia la construcción de la ciudadanía de la
infancia y de la adolescencia mendocina y un antecedente esperanzado para otros
jóvenes argentinos, remarcando el pluralismo político
con el cual se llevó adelante esta ley, que representa una adecuación
sustantiva a la Convención de los Derechos del Niño. Hoy, esta ley, es el marco
con el cual se pretende llegar al Congreso de la Nación, para transformarla en ley nacional (CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL;
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN; ASOCIACIÓN DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA DE MENORES; SECRETARIADO NACIONAL
PARA LA FAMILIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA;
UNICEF, 1998, PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE
TIERRA DEL FUEGO, 1997).
La convención es el nuevo marco mundial
de respeto por los derechos de niños/as y adolescente. Su contenido posee
carácter instructivo, es decir, no vale como ley, pero sirve como parámetro para las legislaciones de los países
ratificantes del tratado. Representa, a su vez, un momento de inflexión, ya que
es un punto de llegada de debates en instancias internacionales que ya se
venían realizando como: la Declaración de los derechos
del niño en 1959, la designación en 1979 del Año Internacional del Niño, las
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores "Reglas de Beijing" en 1985; y, un punto de partida, ya que
se trata del paradigma, debido a las transformaciones
que supone.
A nivel latinoamericano, Beloff (1999) identifica las trasformaciones
jurídicas latinoamericanas surgidas entre 1900-2000 en tres grupos. En primer
lugar, aquellos países en que la ratificación de la CDN no tuvo ningún impacto o tuvo un impacto político superficial o
retórico. El segundo, los países que llevaron a cabo un proceso de adecuación
formal o eufemística de las leyes internas del país a la CDN. Por último, el
tercer grupo, los países que realizaron una adecuación
sustancial de las leyes internas del país a la CDN. Argentina se situaría en el
segundo grupo.
De esta manera, el análisis
latinoamericano propuesto por Beloff (1999) plantea en lo Nacional una
adecuación superficial, mientras que traslocando el análisis
hacia el territorio nacional podríamos afirmar que la ley provincial ya
mencionada inaugura el proceso de modificación de la legislación en otras
provincias de Argentina. Estas diferencias entre lo superficial y sustancial
constituyeron un verdadero obstáculo para las
regulaciones provinciales, ya que continuaba vigente en “lo Nacional”, la ley
de Patronato de Menores Nº 10.903 y posteriores normativas surgidas en
gobiernos dictatoriales que regulaban la situación de niños/as y adolescentes.
El marco que
contiene este análisis se delimita en torno a la división de dos paradigmas. El
paradigma de la Situación Irregular y el de la protección integral, cuyo punto
de inflexión es la promulgación de la CDN. El paradigma de Situación Irregular,
o también llamado "modelo tutelar",
"filantrópico", o "asistencialista"; está integrado por
discursos, prácticas, instituciones y leyes [que] respondían a un esquema que
tenía la consideración del menor como objeto de protección, circunstancia que
legitimaba prácticas peno-custodiales y represivas
encubiertas (BELOFF, 1999). La misma autora, plantea que a partir de la CDN se
comienza a debatir las maneras de interpretar la relación con la infancia,
tradicionalmente encarada desde esa perspectiva asistencialista y tutelar, que cedió frente a un planteo de la cuestión en
términos de ciudadanía y de derechos para los más jóvenes.
En oposición al anterior, el Paradigma
de la Protección Integral concibe a los/as niños/as como sujeto de
derechos-ciudadanos, y por lo tanto, deben formularse
políticas públicas que atiendan a la etapa del desarrollo en que se encuentra.
Si bien el Estado es el garante de las acciones para/con la infancia, la
responsabilidad por las acciones es compartida por la familia y la comunidad (GOMES DA COSTA, 1993; PETRY VERONESE, 2017). En la Argentina, este paradigma
comienza con la ratificación de la CDN que la incorporó inmediatamente al plexo
legal a través de la Ley Nacional Nº 23.849/90 y a la Constitución Nacional en
el año 1994. Once años más
tarde, se sanciona la Ley 26.061/2005 de Protección
Integral de los Derechos de niños/as y adolescentes, que crea instituciones,
autoridades, medidas y principios que ofrezcan mayores garantías de aplicación
de los Derechos del niño en el territorio nacional.
Estos paradigmas se plantearon como
discursos antagónicos a partir de la CDN. Se generó un “escenario dicotomizado
por lo viejo-malo a destituir y lo nuevo-bueno a instaurar” (LLOBET, 2013, p. 217). A su
vez, la ansiedad de cambio de diferentes sectores implicó
la instalación de categorías clasificatorias para uno y otro paradigma,
estableciendo un intento previo y una vara provisoria para medir nuevas maneras
de hablar y actuar en la protección de las infancias. Sin embargo, esta
idealización discursiva colocó en un ideal superador
a los nuevos paradigmas, con el riesgo de esencializar los derechos
configurándolos como un ente reificado y etéreo, ajeno a las prácticas sociales
e históricas (BARNA, 2012). Ante este riesgo esencializante, es
menester situar la producción histórica y social en
base a develar las configuraciones y tensiones que produjeron la emergencia de
los productos jurídicos, a partir de las tensiones, estrategias y limitaciones
histórico-sociales de los actores intervinientes y los discursos vigentes.
De esta manera, la presentación de la
ley provincial de Mendoza[1] como instrumento jurídico local con
ansias de cambio en lo nacional, ha sido estudiada por un acotado grupo de
autores/as que han contribuido con sustento sus miradas. Las argumentaciones planteadas difieren entre aquellas donde la ley
es un avance para la época (KONTERLLNIK;
MUÑOZ; PELLIZA, 2002; OCAÑA; LAVADO, 2008; FARIAS CARRACEDO, 2014; MOLINA de
JUAN, 2017),y aquellas donde existe la falta de despegue de la
tutelaridad de las medidas judiciales (LUCERO, 2013) y los dilemas de implementación y la continuidad de
prácticas perteneciente a la Doctrina de la Situación Irregular (OCAÑA, 2007; OCAÑA; LAVADO, 2008;
FARIAS CARRACEDO, 2014). Sin embargo, dichas miradas no han
planteado quienes fueron los autores/as, los motivos o fundamentos de quienes
presentaron el proyecto de ley y los actores que tensionaron y resistieron la
nueva propuesta, que para este caso será el actor judicial.
Quien
introduce una mirada somera sobre el actor judicial en la producción de la ley,
ha sido en Ocaña y Lavado (2008) quienes plantean que “las resistencias se
referían al cambio en los roles de los magistrados, sobre todo por la larga
vigencia de la Doctrina de la Situación
Irregular[2] plasmada en la antigua ley en la que
confiaban ciegamente” (p. 391). Sin embargo, no profundiza en cuáles fueron
estas resistencias en el proceso de producción de la ley.
La importancia de indagar lo antes dicho
radica en comprender la configuración del poder
judicial, en especial la justicia de familia, como un actor que ha tensionado
las definiciones y ha conflictuado competencias en torno al vínculo entre éste
y el poder administrador en relación con la cuestión de la niñez y adolescencia.
A partir de lo antes dicho, el propósito
del presente trabajo es analizar el proceso de producción de la primera ley
argentina de adecuación a la CDN a través de la caracterización de la
autora-legisladora, los fundamentos de la normativa propuesta
y la respuesta del actor judicial, en la primera mitad de la década del 90. La
fuente principal utilizada será el proyecto de ley de la Ley Provincial Nº
6354, que contiene 347 fojas y está compuesto por documentos diversos como: los
fundamentos y el primer borrador de la ley,
diferentes proyectos de ley con modificaciones, escritos que actúan de
canalizadores del actuar legislativo, resoluciones de cámaras y comisiones y,
por último, documentos relacionados durante el proceso legislativo y posteriores a la promulgación. Asimismo, se facilitó a partir de
la indagación en el Archivo Legislativo de la provincia de Mendoza.
En primer lugar, presentaremos a la autora de la ley y el
ámbito desde el cual defendió sus propuestas. En segundo lugar, realizaremos un análisis de los fundamentos del proyecto de ley,
describiendo los hitos o inicios de un discurso que después sería fuertemente
dicotomizado e idealizado. En tercer lugar, profundizaremos en la postura de
los magistrados, quienes se manifiestan mediante una
carta enviada a la cámara de senadores de la provincia de Mendoza,
estableciendo adhesiones parciales y pragmáticas y resistencias totalizantes de
la nueva propuesta.
Las legisladoras de “la cresta de la ola”[3]
y la composición patriarcal de la cámara
El proyecto de ley fue presentado el 29
de septiembre de 1993 en la Honorable Cámara de Diputados, por la senadora
provincial María Teresa Oldrá de Berchessi (FREJUPO)[4] en coautoría con los diputados Ángel
José Santolín (Alianza de Centro)[5] y Dante Arturo Zancan (U.C.R.)[6]. La autora con mayor referencia fue la
primera y su estrategia política para legitimar su aceptación como propuesta
fue la trasversalidad partidaria. Sin embargo, no fue la única estrategia.
La senadora María Teresa Oldrá de Berchessi fue Interventora de la Dirección Provincial
del Menor en 1987 (DECRETO Nº 5260/1987) hasta su renuncia en el año 1990 (DECRETO Nº 817/1990). Su impronta de gestión se caracterizó
por la implementación de programas específicos como: programa preventivo, programa de guarderías, jardines maternales,
comedores y centros preventivos y asistenciales, programa de prevención de la
violencia doméstica y asistencia a la mujer en situación de mal trato, programa
de asistencia al niño en su hogar, programa de amas
externas, programa familia cuidadora, programa de chicos de la calle y programa
de menores en situación de riesgo y/o infractores ilegales correccionales (OLDRÁ DE BERCHESSI, 1990). La iniciación de la política de
desmasificación de los macrohogares[7] o macroinstituciones de internación,
también comenzó en este periodo (OLDRÁ DE BERCHESSI, 1990; FARIAS CARRACEDO, 2014), propiciando la creación y
renominación de los pequeños hogares en minihogares. Esta política consistía en
la reducción de grupos de convivencia, la
coordinación con la política de vivienda para dotar a “familias carentes de
este bien”, y la creación de minihogares que evitaran el desarraigo de los
niños (OLDRÁ DE BERCHESSI, 1990). Estas acciones planificadas
cristalizaban una “reivindicación específica y
fuerte” que las mujeres plantearon en el Encuentro Nacional de Mujeres
organizado en Mendoza en el año 1988 (ALVARADO; BARÓN DEL PÓPOLO, 2019).
En 1989 asume como diputada provincial
por la tercera sección electoral en el Frente Nacional
FREJUPO. Fue reelecta en el año 1993 aunque como senadora provincial por la
misma sección electoral en el Partido Justicialista. Fue autora y coautora de
13 proyectos de ley, de los cuales el 60% fueron leyes provinciales. En muchos
de sus proyectos de ley, tuvo contacto en la gestión
o a través de luchas sociales. Su participación en la comisión organizadora del
Tercer Encuentro Nacional de Mujeres (ALVARADO; BARÓN DEL PÓPOLO, 2019) realizado en Mendoza en el año 1988 y
luego redactando junto a Alberto Montbrun (UCR)
permitió presentar la ley que modificó el régimen electoral en lo referente al
cupo femenino Nº 5888/1992 (CAMINOTTI,
2008). Lo mismo sucedió con la Ley provincial Nº 6354, ya que
como expresamos en lo anterior, fue Interventora de la Dirección Provincial del Menor.
A partir de la vuelta de la democracia
(1983), las mujeres comenzaron a integrar el poder legislativo y, por lo tanto,
las listas de postulaciones de los partidos políticos, representaban un
porcentaje menor al 15% del total masculino de
legisladores[8] (13% en Senadores y 15 % en Diputados).
El clima de época se caracterizaba por improntas patriarcales, y, en
consecuencia, temas impulsados por las mujeres eran deslegitimado y
encorsetados a su función en la familia tradicional[9].
En principio, esta composición,
vislumbraba una predominancia del partido de la legisladora autora de la Ley Nº
6354 augurando una legitimación de la propuesta. Sin embargo, la
deslegitimación de los temas traídos por las mujeres legisladores y los intereses en una legislación de infancia que podrían representar un
conflicto de poderes afectando potestades existentes hasta el momento,
dilatarían el tratamiento de este proyecto de ley, como veremos más adelante.
Denominación y
fundamentos del nuevo proyecto
El proyecto de ley[10], en primera instancia se denominó de la
siguiente manera: “Creando en el ámbito de la gobernación el Consejo Provincial
del niño y el adolescente”. Luego en el mismo expediente se anuló y se instaló
la nueva denominación: “Estableciendo la protección
del niño y el adolescente”. La anulación primera sugiere que el proyecto
pretendería focalizarse en un dispositivo posible donde se afectara a personal
dentro del poder ejecutivo. Este dispositivo buscaba motorizar aquellos cambios
esperados en justicia, políticas y descentralización
de recursos. Esta propuesta ya se encontraba vigente, por ejemplo, en la
provincia de Misiones Decreto Nº 1104/1990 y en la provincia de Tierra del
Fuego mediante la ley Nº 20/1992. Era un dispositivo conocido en la época, por ello, su aprobación implicaría una
resolución menos dificultosa que cambiar la estructura completa de protección
de la infancia. Por otro lado, en el recorrido que realizaremos en lo
siguiente, los fundamentos del proyecto de ley inclinan la balanza hacia una mayor justificación del “Consejo”. No
obstante, el cambio de denominación implicó más que un reemplazo del titular,
sino la reconfiguración estructural del sistema sobre el que se basa la
protección de los niños/as y adolescentes. Esto se
debió a la influencia de un organismo internacional a través Emilio García
Méndez consultor para Latinoamérica y Caribe de UNICEF[11] quien facilitó el nuevo modelo de proyecto de ley, con
adecuaciones del consultor y de la autora de la ley.
Luego de
la denominación, se plantearon los fundamentos o razones que legitiman y
justifican la sanción de la norma (PINEDA NAVAS, 2001). En primer lugar, es
importante destacar que el proyecto de ley se presentó un año antes de la
Constitución Nacional realizadas en 1994. Si bien existía una ley que ratifica
la Convención aun no tenía jerarquía constitucional y esto se vio en los
antecedentes jurídicos planteados en los fundamentos. En segundo lugar, se
propone una relectura del pasado a través del análisis de ley N° 1304. En
tercer lugar, se propicia una crítica desde un discurso en formación o
prediscurso, que luego sería dicotomizante/dicotomizado entre el nuevo y viejo
paradigma (LLOBET, 2013; BARNA, 2012). Este
prediscurso motoriza dos planteos: las legislaciones de minoridad sostenidas en
la Doctrina de la Situación Irregular y los postulados de la CDN postulados en
este nuevo encuadre para las nuevas legislaciones. Ambos planteos se abordan
como críticas teóricas hacia lo existente: una realidad legitimada por el poder
real y que cuenta 54 años de ejercicio (ley 1304). Para finalizar se expone los
puntos principales de la nueva propuesta.
A continuación,
se plantean los fundamentos que acompañaron a este proyecto de ley que luego,
mediante diferentes tratamientos, se convertirían en el primer ensayo jurídico
provincial y serviría como mojón de – o impulso para – la adecuación para el
terreno nacional.
Primer fundamento: La
ley 1304 como el problema “realmente existente”
El primer
fundamento sobre el que se posicionan para el cambio de lo existente, comienza
con la descripción y análisis de la normativa existente: la Ley provincial Nº
1304/1939 Patronato y Tribunales de Menores. Según la posición de los/as
legisladores la ley emerge apuntalada por los problemas sociales existentes en
la época de surgimiento: “huérfanos producto de las familias que desaparecían
por enfermedades infecto contagiosas y otras muertes” (PROYECTO
DE LEY Nº 6354, p. 3). Una de las enfermedades infecto-contagiosas que
invadió a la Argentina es la gripe española (1918-1919) que afectó con mayor
incidencia de muertes a la región norte y cuyo, y en los sectores más pobres (CARBONETTI, 2010). Carbonetti, destaca que la epidemia
reveló un problema mayor:
la epidemia de gripe,
por su dimensión y por su impacto, desnudó las falencias de un Estado que
todavía estaba en conformación, la impotencia de una medicina que aún no se
consolidaba como garante de la salud y el desequilibrio económico y geográfico
de la sociedad (CARBONETTI, 2010, p. 174).
En la perspectiva de los/as legisladores/as de la
nueva propuesta de ley, la orfandad como categoría histórica, sirvió como motor
del surgimiento de la ley Nº 1304 y se apoyó en la “prevención de menores en
situación de riesgo, abandono moral o material a través de la política de
minoridad” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 3) como alternativa de respuesta al
fenómeno social. Con este fin, se crea un organismo tutelar, organizado por el
fuero judicial, cuya función primordial era:
intervenir en la ayuda
a menores cuya precaria situación económica, los pusiera en peligro o en
condiciones perjudiciales para su salud, para su moral o para su educación o
instrucción, además de la protección de huérfanos, desvalidos o abandonados,
moral o materialmente y de los que acusaren perversión o peligrosidad, así como
los que hubieran sido víctimas de infracciones o delitos o los que lo hubieran
cometido (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 3).
Al analizar el
problema social que plantearon los/as legisladores/as como el surgimiento de la
ley de patronato, excedería las funciones del organismo tutelar anteriormente
citado. Esta macrofunción adjudicada al organismo, no legisla únicamente sobre
huérfanos, sino, además, sobre la situación precaria de los niños/as o
adolescentes, que se denomina como: perversión o peligrosidad y delincuencia.
El actor
mediante el cual la ley 1304 se ejecuta es principalmente el poder judicial,
creado para atender “desde los riesgos sociales a los problemas civiles y
penales” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 3). El procedimiento judicial incluía la
interrogación directa de los/as implicados/as en la acción judicial y la
incorporación en la ley del juicio oral. Otro de los actores que juegan en esta
política sobre la minoridad se crean mediante el fomento de la corresponsabilidad
a través de la participación de instituciones privadas en la contención de
“menores en riesgo” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 3).
Este rescate de
los elementos principales de la ley local en la primera parte de los
fundamentos del proyecto de ley 6354, pretenden presentar una descripción sobre
los aspectos fundamentales y el contexto de emergencia de la ley local. Sin
embargo, este rescate carece de aspectos significativos del contexto, como por
ejemplo, que las leyes de control sobre ciertos sectores de la población surgen
por la “efervescente protesta social” (BRACHETTA;
BRAGONI; MELLADO; PELAGATTI, 2019), donde la regulación de las infancias
resultaba prioritario debido a la concepción de peligrosidad y delito vigente
hasta el momento y a la participación de los niños/as y adolescentes en las
manifestaciones sociales junto a sus familiares (ZAPIOLA,
2010).
Por otro lado,
en toda producción de la normatividad, opera la fuerza propia de su
configuración – vis formae – que implican un proceso de
descontextualización y de desconexión argumentativa entre el problema social y
la respuesta al mismo (CASAS, 2006), propia de la
invisibilización del control social y la violencia legitimada del Estado (BOURDIEU, 1986). Asimismo, la utopía de cambio del/a
legislador/a cabalga junto a la miopía propia de la época, en la cual se
destaca la voluntad por modificar la ley local con 54 años de vigencia frente a
los recientes 4 años de la ratificación de la CDN.
Otro de los
fundamentos planteados, opera una colocación de la ley Nº 1304 en la
trayectoria de las “legislaciones de minoridad en riesgo” (PROYECTO DE LEY Nº
6354, p. 3) donde no hay distinción entre abandonado y delincuencia. Esta
trayectoria legislativa se caracteriza por la judicialización del problema de
la minoridad donde la norma jurídica reemplaza la política pública. De esta
forma, según el proyecto de ley, la escasez de recursos en los mismos sectores
sociales facilitó el manejo jurídico del problema social.
Continuando con
lo anterior, esta incrustación de la ley local en las legislaciones minoristas,
es un aspecto negativo, ya que se configura al sujeto como peligroso a partir
de las teorías positivistas[12]
en las que se basa el derecho de menores. Las claves de esta configuración se
pueden considerar a partir de: la vinculación de peligrosidad con el delito; la
falta de discriminación entre pobreza y la inmoralidad; la extensión de
concepto de delincuencia a sectores marginados, y la perversión[13] que
alcanzaba a todos por igual, infringiera o no a la ley. Incluyendo aquellos que
eran inadaptados en mayor o menor grado, y que no habían infringido la ley,
como pobres, analfabetos, anormales, deficientes y predispuestos al delito
(PROYECTO DE LEY Nº 6354).
Más allá de lo
explicitado en el proyecto de ley, las legislaciones de menores en riesgo
cristalizaban la configuración de la peligrosidad como una consecuencia posible
en aquellos/as consideradas pobres o desamparados. Según Robert Castel (1986) la construcción de la peligrosidad en el
proletariado, es posterior a peligrosidad per se. Esto
se debe a que la peligrosidad se presenta como concepto ambiguo y dificultoso,
determinado en una doble vía: 1- es una categoría inmanente u ontológica, se es
peligroso y 2- la evidencia o prueba de peligro se recoge cuando el hecho se haya consumado, es decir a des-tiempo;
solo existen imputaciones o hipótesis de peligrosidad. Bajo este régimen
categorial, todos/as son portadores de una amenaza o son peligrosos y no se
puede encerrar a todos los que se sospecha de peligroso. De esta manera,
peligrosidad en las capas desfavorecidas se consolida como representación
social.
A
partir de ello, el encierro o la internación es la tecnología preventiva
privilegiada junto con esterilizar. Encerrar es neutralizar, si es posible por
adelantado al sujeto supuestamente peligroso (CASTEL, 1986). El individuo es
trasladado a un nuevo medio para que se vea impedido de desarrollar la amenaza
de la que es portador. Mientras que, la esterilización como práctica eugenésica
(principio de preservación de la raza) con el fin no de tratar al individuo en
particular sino de procurar que no transmita la amenaza de la que es portador.
A su
vez, el concepto de peligro transciende hacia lo causativo por medio del riesgo.
El riesgo material o moral como posibilidad de educación correctiva
significaría una respuesta social al problema de la pobreza (CERDÁ, 2013). De
esta manera, riesgo y peligrosidad se fusionan para actuar como tecnología de
control de las poblaciones más desfavorecidas.
Crítica teórica de lo
real I: la Doctrina de la Situación Irregular
La retórica
sobre los paradigmas estuvo presente en los fundamentos de este proyecto de ley
a través de la doctrina de situación irregular. Se lo califica como una
“concepción teórica” que ha servido para colocar a la minoridad como un
“problema marginal” en lugar de ser jerarquizado como “problema social”. Esta
marginalidad de la minoridad recorta las ventajas que pueden acontecer al ser priorizadas
por las políticas sociales estatales. En definitiva, la minoridad no es
problema legitimado por el Estado “administrador” y sus políticas sociales, ya
que donde no hay un problema social, las respuestas político-sociales no tiene
gran calibre. No obstante, esta idea primaria invisibiliza al Estado como
“juzgador” que ha tenido un papel predominante en los temas sobre la minoridad
(PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 4).
Se expresa,
además, que la minoridad ha sido estigmatizada a través del constructo: “menor
delincuente abandonado”. El Estado “benefactor” atenúa situaciones emergentes
de sectores sociales más carenciados, en las que se encuentran estas
minoridades estigmatizadas (PROYECTO DE LEY Nº 6354). Esta situación es
anunciada y denunciada como tratado discriminatorio, funcionando como una
lógica cíclica de reproducción.
A su vez, el/la
redactor/a legislativo/a entiende que en la Doctrina de la Situación Irregular
el constructo “Pobre-abandonado-delincuente” es un axioma. La definición de
axioma indica que: pobre, abandonado y delincuente, son situaciones sociales y
subjetivas que se enmarcan en una criminalización o en un enmarcado cuyo
objetivo es la erradicación del delito.
Para afirmar este argumento, donde
la pobreza está criminalizada, el/la redactora legislativa recurren a diversos
criterios. En primer lugar, expresan que:
la delincuencia no es exclusiva
de ciertos sectores sociales, pertenece a todos los estratos que componen la
sociedad, hoy tal vez en germen, en amplios sectores de las clases altas, donde
del abandono moral y espiritual conlleva a grandes insatisfacciones, que
generan hechos delictivos y conductas antisociales (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p.
4).
En las palabras
en negritas observamos que la delincuencia es sospechada en otros sectores
sociales altos como germen, y que tanto hechos delictivos como conductas
antisociales se producirían por abandonos que no son materiales, sino que
podrían devenir de la carencia moral o espiritual. A partir de este primer
criterio nos preguntamos: ¿Qué tipo de delincuencia es la que significan?
¿Cuáles son los actos delictivos que quedarían por fuera de esta segregación de
delitos de la pobreza? ¿Por qué en los “sectores de clase alta” la delincuencia
se sospecha, mientras que en “la pobreza” es difícil desasir el vínculo con la
delincuencia? Al parecer, esta debilidad en el argumento que pretende
problematizar los postulados de la Doctrina de la Situación Irregular,
recursivamente intenta resolver un postulado mediante un prejuicio.
El segundo criterio
referencia elementos propios del etiquetamiento social presentes en la
criminalización de ciertos perfiles. Se plantea que:
insistir en el enlace
pobre-abandonado-delincuente consolida un perfil de adolescentes infractor que
pasa por los Tribunales de Menores, que prematuramente ingresan a sistemas
antisociales con códigos propios que les proporcionan identidad. Así su
conducta continuará siendo criminalizada en alto porcentaje de llegar a la
mayoría de edad (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 4).
Se observa la configuración de un perfil producto de
una identidad en la que el constructo pobreza, abandono y delincuencia están
galvanizados y comprometidos como criterios de selección, clasificación y
constitución de ciertas subjetividades con ciertas características más
propensas a la aplicación de la ley que otras subjetividades con otras
características. Esta perspectiva donde la criminalización está ligada a la
estigmatización, tiene su base en la constitución del delito a través de la
interacción entre un grupo dominante y otro marginal.
El grupo más fuerte logra definir
comportamientos ilegales contrarios a sus propios intereses. El poder de
definición y persecución de los propios intereses y fines es la crítica que
hace Alessandro Baratta cuando manifiesta que se busca la protección de los
sectores poderosos al incluir a los sectores marginales solo para disminuir la
afectación de los intereses de los sectores privilegiados (SALINAS, 2020, p. 42).
Es por ello que
el tercer criterio plantea que: “el no estar incluidos adecuadamente hasta que
una franja de estos menores quede expulsada y no estén contemplados en un
sistema no estigmatizado […]” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 5). Apunta, además,
a que este proceso de etiquetamiento social tiene la grave consecuencia del
encierro “La mayoría […] pasan gran parte de su juventud en institución de
rehabilitación” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 5).
Por otra parte, afirman que la
expulsión de estos “menores” producto del etiquetamiento social no estarán
contenidos “para su correcta socialización” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 5). Si
bien, en lo precedente, se posiciona críticamente entendiendo el derecho penal
operando selectivamente, en esta oportunidad reposiciona su argumento hacia las
teorías de la subcultura criminal al decir que la contención sería por medio de
la resocialización, es decir desaprendiendo “de los comportamientos desviados
en los grupos marginados y en las bandas juveniles” (SALINAS, 2020, p. 31).
Asimismo, podríamos decir que representa un fundamento propio de su época, ya
que es García Méndez quien no critica la re-socialización sino que crítica:
La miseria de los
programas de re socialización el tratamiento indiferenciado de menores
supuestamente abandonados y supuestamente delincuentes, y los miles de jóvenes
confinados en instituciones penitenciarias para adultos, constituyen sólo la
punta del iceberg de un inmenso proceso de mistificación (GARCIA MÉNDEZ, 1995,
p. 8).
Por último, como parte de la
Doctrina de la Situación Irregular, se produce una crítica hacia el Estado y
sus medidas de carácter asistencialista. Se afirma que:
Las
medidas asistencialistas, por su característica de ser acciones coyunturales,
empobrecen el rol fundamental del Estado, porque deslucen la ejecución de
políticas a largo plazo que permitan optimizar el futuro de los niños y
adolescentes (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 5).
A
su vez, construyen en su retórica dos constructos:
“menor-abandonado-delincuente” y “pobre-abandonado-delincuente” que conducen a
galvanizar la subjetividad de los niños/as y/o adolescentes como menores y
pobres abandonados y delincuentes que comparten una calificación estigmatizante
como justificativo cultural y estatal, y el enmarcado de las subjetividades en
la política preventiva criminal.
Crítica teórica de lo
real II: la Convención de los Derechos de los Niños
La CDN es
ponderada en cuanto a la población que afecta “no solo hacia los niños y
adolescentes carenciados sino […] a todos ellos sin discriminación por sexo,
situación económica, raza, religión, etc.” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 6). El
enclave convencionalista pretende englobar las variadas características que
pueden haber afectado a las niñeces, a diferencia de las legislaciones de la
minoridad en riesgo donde solo el “menor-abandonado” es el sujeto de la ley.
En cuanto a la
subjetividad, se coloca en duda esta entidad en las legislaciones minoristas,
ya que la niñez y adolescencia es administrada como objeto del derecho por
medio de la tutela. Es así que el cambio fundamental introducido por la CDN es
que los/as niños/as serán “conceptualmente” sujetos de derecho. Este cambio
hace que deban “variar la aplicación de las políticas en la práctica” (PROYECTO
DE LEY Nº 6354, p. 6). Sin embargo, el concepto no se desarrolla, aunque aseguran
que impone un deber ser “variar la aplicación de las políticas”.
La familia y la
escuela, como instituciones de la sociedad, cumplen distintos roles. Cuando
estos papeles se cumplen son primordiales para el “desarrollo humano integral”
de los niños/as. Esta es “la premisa fundamental de la Convención” (PROYECTO DE
LEY Nº 6354, p. 6). Sin embargo, expresan: “esta función no siempre se cumple
en el total de la sociedad”. Ante esta certeza, el Estado “debe brindar” el
acceso “a todos” mediante instituciones que cumplan diferentes funciones a
favor del desarrollo. Al decir, que el Estado garantiza a todos, desplaza la
falta sospechada en los roles cumplidos por la familia y la escuela, hacia el
total de la población. Es la introducción de un deber ser sobre un Estado
propuesto por la Convención.
De esta manera,
la traducción de la Convención (PILOTTI, 2001), es
un interpretación local y legislativa aún en estado de concepto. Entienden que
implicará una puesta en práctica de diversas políticas, motorizadas por un
Estado particular. Es un Estado quimérico y global que pueda brindar accesos
para los roles no cumplidos de la familia y la escuela.
¿Qué hace el nuevo
proyecto?
Este nuevo
proyecto de ley, se propone atender a la niñez en riesgo, pero también a la niñez
en general, como la CDN. Esta niñez es entendida como sujeto de derechos,
conceptualización que se afirma como un dogma, pero no se define en el texto
argumental. Esta novedad de conceptos es propia de los inicios del discurso
sobre derechos, donde se intentará demonizar y sacralizar un tipo de semántica
en relación a la CDN (BARNA, 2012).
Para la
concreción de este objetivo se enumeran los cambios que detalla el nuevo
proyecto. El primer cambio propuesto es la creación de dos juzgados
diferenciados: Juzgado de Familia y en lo penal de menores. Este cambio ha sido
celebrado por diferentes actores debido a la separación entre abandono y delito
en la niñez y adolescencia (KONTERLLNIK; MUÑOZ; PELLIZA,
2002; FARIAS CARRACEDO, 2014). El segundo cambio propuesto es la
especificidad tutelar como acoto a la tutela del juez sobre la niñez y
adolescencia. Especificar la tutela de los jueces permite restringir la
discrecionalidad judicial sobre la situación de la infancia. Para ello, la
medida tutelar será decidida por el Juzgado de familia, no por Juzgado de
Menores donde se dirimían causas penales y civiles. Este viraje administrativo
de la medida, según la letra de los/as legisladores representa una división
entre el lugar del niño y el adulto en el ámbito penal. Por otro lado, si bien
no hay un cuestionamiento a la tutelaridad como potestad estatal para el
control social de las infancias, la técnica propicia un cambio topográfico,
implicando más que un cambio material sino una troca simbólica.
En cuanto a
temáticas específicas de los circuitos judiciales: 1. se limita el
procedimiento recursivo, 2. se establece etapa prejudicial, y, por último, 3.
le otorgan funciones específicas al Ministerio Publico, de tal manera que los
mismos derechos, deberes y garantías de todo/a ciudadano/a se revaliden para la
niñez en esta nueva función.
A su vez, surgen
algunos reconocimientos relevantes propuestos por el proyecto de ley, aunque
carecen de una metodología que especifique los modos de hacerse efectivo: se
coloca a la sociedad en un lugar de garante y denunciante de los derechos de
los niños que puedan violarse, velando por su dignidad; se reconoce el derecho
de la familia al acto de crianza de sus hijos/as y se coloca en el lugar de
excepción la crianza en hogares, y no debe ser privado de libertad sin debido
proceso.
Por último, se
plantea un reconocimiento que acota e intenta desarticular la judicialización
de carencia material de las familias: “Carencia de recursos en familia no es
motivo suficiente para quita de patria potestad. Debe ser asistido por programa
asistenciales. La política de atención debe ser “encarada mediante un conjunto
articulado” provincia, municipio y ONG” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 7). Aquí
se propone, una función elemental para el Estado ejecutivo, frente a la pobreza
de las familias. El Estado se propone como garante de los accesos a bienes y
servicios que, mediante su falta, puedan colocar en sospecha la crianza de
los/as niños/as en las familias.
Para propiciar
la articulación institucional y evitar la segmentación sectorial se propone la
creación del Consejo provincial del niño y adolescente. Este dispositivo está
fuertemente cargado de expectativas y se le dedica un amplio espacio a su
explicación. Esta extensión, no dada a los cambios judiciales, por ejemplo,
refuerza la afirmación que el Consejo fue la primera opción antes de pensar en
reformar el sistema completo, como explicitamos anteriormente.
Frente a la
sectorialización propia de las distintas carteras políticas: educación, salud,
deporte, etc., se propone la utopía de la articulación “que se hace
imprescindible implementar a la luz de nuevas concepciones del niño como sujeto
de derechos” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 7). Para ello, se propone el
garantizar “el encuentro” entre los distintos sectores oficiales y los
diferentes sectores.
Otro de los
dispositivos que se crearán es la Dirección Provincial de niñez y adolescencia
como “Espacio de gestión ejecutiva”. En el ámbito municipal se propone una
emulación a escala por medio de la creación de los departamentos de Niñez y
Adolescencia, los que oficiarán de “caja de resonancia de los problemas de la
niñez” cuya voz llevarán al consejo (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 10).
Por último, la
organización de las instituciones privadas, también tienen lugar en este
proyecto, aunque su denominación es Organizaciones no gubernamentales. Expresa
que tendrán representación en el Consejo para participar y es la Dirección
quien las controlará: personería jurídica, autorizando y controlando el destino
de fondos.
Estos son los fundamentos, que
ofician que razones para la necesidad de cambiar lo existente. Después de la
primera sanción en la cámara de Diputados, se envía a la Cámara de Senadores.
En ese ámbito, se recibe una carta formal de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Mendoza que acompaña una nota con argumentos de la judicatura
local. A continuación, presentamos el punto de vista de los magistrados.
La carta de los magistrados
El
poder judicial, es decir la justicia de menores, estaba distribuida en cinco
Tribunales de Menores en su mayoría en la primera circunscripción judicial con
asiento en la ciudad capital de Mendoza. El 22 de diciembre de 1993, remitieron
una nota con recomendaciones al texto aprobado en Cámara de Diputados.
Mientras
la nota es recibida por los legisladores, a nivel nacional se estaba acordando
la reforma de la Carta Magna Nacional. Fue la reforma más profunda desde la
Constitución de 1853, y fue aprobada el 22 de agosto de 1994 (RAPOPORT, 2013). Entre las reformas realizadas, se
otorga jerarquía institucional a la CDN, junto a otros tratados internacionales
(CN artículo 75 inciso 22). Es así que la carta de los magistrados tomó una
relevancia diferente entre su emisión y la consideración legislativa de la modificatoria
de la Carta Magna. La Convención podía presentarse como un nuevo horizonte
frente a las leyes nacionales de infancias vigentes hasta el momento.
Los remitentes
de la nota se identifican como magistrados de la Justicia de Menores de
Mendoza. A su vez, ellos/as se encuentran “institucionalmente preocupados” por
el tratamiento de la ley, porque representará “un cambio total al quehacer
diario de nuestros tribunales”. Más allá de que esta modificación significará
un cambio para sus rutinas y cotidianeidades, ellos se interiorizarán en la
propuesta por los “intereses supremos del niño” y porque están “a diario con la
problemática del niño y adolescente” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 179). Esta
autopercepción, nos hace preguntarnos: si sólo ellos, los magistrados, están en
contacto cotidiano con los problemas de la infancia, ¿qué sucede con los
agentes estatales de dispositivos provinciales o municipales de diferentes
sectores? ¿También quedarían por afuera los voluntarios de las ONG que atienden
en distintos espacios de la sociedad? Esta definición dada por los magistrados
genera una división entre un “ellos” y un “nosotros” que se expresa en la
crítica hacia los legisladores al cambiar esta ley legendaria. La frase que
sustenta la crítica hacia este proyecto de ley es: “un avance del órgano
administrador (Directorio) sobre facultades propias de la judicatura” (PROYECTO
DE LEY Nº 6354, p. 179).
La posición judicial y
su pragmatismo
En la carta de
los magistrados se plantean críticas absolutas, donde solicitan derogar
artículos y secciones completas, pero también se plantean adaptaciones a las
sugerencias de la ley que denotan la astucia para fortalecer su posición como
aparato y tecnología judicial.
En primer lugar,
plantean que el proyecto de ley “triplicaría la tarea de los actuales
Tribunales de Menores” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 180) y agregan: “Estimamos
que en total deberá proveerse la existencia de aproximadamente 15 juzgados, de
los cuales deberá determinarse en forma clara la competencia de cada uno”
(PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 181). Fundamentan esta posición dado que existe un
conflicto de competencias al anexar funciones que pertenecen a las Defensorías
de Menores e Incapaces y a los Juzgados Civiles, a las tareas tradicionales de
los Juzgados de Menores.
Suman a sus
sugerencias, que para esta propuesta de especialización del aparato judicial se
propone el cambio de nomenclatura de los juzgados, de juzgado de menores a
juzgado de familia, y la creación de los restantes a fin de llenar ese cupo establecido.
Claramente se propone crear 10 juzgados que son los que restan para los 15
juzgados solicitados. Es más, resaltan en mayúsculas que “resulta
indispensable incluir [su pedido][14]
en la letra de la ley” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 181). Este reaseguro
solicitado, aumentaría el presupuesto para el poder judicial y, si estuviere en
la ley, existiría la posibilidad de exigirlo mediante diferentes recursos
judiciales.
Proponen, a su
vez, que el juzgado de menores se llame Tribunal de Protección y Penal y
atienda las cuestiones sobre la minoridad. Para completar su plano
arquitectónico realizan la correcta articulación de competencias entre el
juzgado de familia y el Juzgado de Menores.
En los
fundamentos (título IV) se establece que la falta de división entre lo penal y
lo civil, ha contribuido construir el complejo entramado
menor-delincuente-abandonado y pobre-delincuente-abandonado. En la misiva
judicial disienten con este punto de vista debido a: 1.-Sobre las competencias:
“Resultará imposible en la práctica delimitar la competencia de los Tribunales
como lo pretende la nueva Ley”; 2.- Sobre el niño en tutela del juez: “No cabe
la posibilidad de que un niño que está siendo tutelado por un juez, por una situación
familiar de larga data conocida, deba ser derivado a otro juez por razones de
competencia por materia”; 3.- Sobre la celeridad y simpleza en la actuación:
“Todo ello destruye el principio de celeridad y simpleza que debe primar en
estas actuaciones” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 181).
Existe una
fuerte crítica a los dispositivos creados por la ley, ya que los caracterizan
como burocráticos, cuando “en materia de minoridad debe primar la celeridad y
la inmediatez”. Esta crítica se realiza a dos dispositivos “el procedimiento
prejudicial y de avenimiento” anterior al procedimiento ordinario y al registro
centralizado de pretensos adoptantes. Solicitan la derogación de estos
dispositivos ya que la garantía de todo procedimiento siempre ha sido el Juzgado
y no el organismo administrativo, por lo que, si se concretarán estos
dispositivos, estarían lejos del “ojo tutelar” del juez.
Por último, entiende que sus funciones son las
derivadas por el Patronato, y que debe el artículo que expresa lo siguiente:
Artículo N° 7 La falta
o carencia de recursos materiales de los padres, tutor o guardador, no
constituye causa suficiente para la exclusión del niño o del adolescente de su
grupo familiar, si no existiera otro motivo grave que autorizara por sí mismo
la imposición de la medida. Asimismo, será de interpretación restrictiva a los
efectos de decidir sobre la suspensión o pérdida de la patria potestad, en cuyo
caso el grupo familiar deberá ser incluido en programas de asistencias
(PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 182).
Deben derogarse
“totalmente”, en base a las siguientes razones: pretende limitar las facultades
jurisdiccionales propias de la magistratura; es una excepción que carece de
asidero; el Juez está facultado para adoptar amplias medidas tutelares cuando
un menor aparece en situación de desamparo moral o material; Decir que por
falta de medios económicos de los padres o carencias no se pueden adoptar
medidas tutelares resulta una incongruencia.
Apoyan su
opinión sobre la ley en base a las siguientes normativas jurídicas: “los arts.
6; art. 9; Art. 20 inc.; Art. 24 inc. a, b, y c; art. 39 in fine de la
Declaración de los Derechos del Niño” (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 182). Más
allá del articulado que sospechosamente en la CDN se sustentaría en la tutela
dirigida por los jueces, incurren en el error de confundir a la Convención con
una Declaración. Sin embargo, la diferencia entre Declaración y Convención son
sustanciales, ya que la Convención (1989) obliga a los Estados a tomar en su
parte en sus gobiernos de los postulados de la misma, mientras que la
Declaración (1959) no tiene carácter obligatorio para los Estados, porque no
son documentos jurídicamente vinculantes.
Después de la carta de
los magistrados
Entre lo
propuesto por los magistrados y la resolución de los/as legisladores, muchas de
las recomendaciones no fueron tenidas en cuenta. Esto hace suponer que el
tiempo de las sugerencias era anterior a la incorporación en la Constitución
Nacional de los tratados de Derechos Humanos a partir de la modificatoria del
año 1994, como mencionamos anteriormente.
Desde la presentación de la carta el día 22 de
diciembre de 1993, a la nueva convocatoria presencial de los magistrados para
el día 17 de agosto de 1995, pasaron 1 año y 9 meses. No podemos asegurar si se
presentó el nuevo proyecto o se profundizó en los puntos de la carta. Aunque
descubrimos un texto suelto en el cuerpo del expediente que plantea lo
siguiente:
La presente ley
entrará en vigencia a partir de promulgación, con excepción de lo dispuesto
para la organización de la justicia de Familia y en lo Penal de Menores y sus
procedimientos hasta tanto se cumplimente lo normado por los art. 204 y 205 de
esta ley (PROYECTO DE LEY Nº 6354, p. 228).
Esta condicionalidad,
ya la vimos expresada en la carta de los magistrados, cuando solicitaban la
ampliación del aparato judicial y queda explícitamente designados en los
artículos de la Ley 6354 art. 204-205 que solicitan previo cumplimiento a la
promulgación.
De esta manera, la posición
judicial detenta el monopolio de la minoridad (mención utilizada por ellos/as)
amparados en su derecho de ejercicio del Patronato y en la relectura
conveniente del instrumento internacional que, debido a la juventud de su aprobación,
no cuenta con la significación y traducción interpretativa de la aplicación en
los territorios. A su vez, y tal como lo afirma Grinberg (2013) funcionan como
“espíritu de cuerpo”, es decir corporativamente, buscando resistir la pérdida
de su histórica exclusividad la administración de la infancia pobre. Asimismo,
lo que evidencia este estudio, es la modulación temporal de la resistencia, al
plantear su pragmatismo en la concesión y negociación de las propuestas del
proyecto de ley.
Consideraciones
finales
Este estudio
tuvo como objetivo analizar el proceso de producción de la primera ley
argentina de adecuación a la CDN a través de la caracterización de la
autora-legisladora, los fundamentos de la normativa propuesta y la respuesta
del actor judicial, en la primera mitad de la década del 90.
En primer lugar,
destacamos que la autora de la ley, una de las primeras mujeres en ingresar a
la legislatura después del retorno democrático, también fue Interventora de la
Dirección Provincial del Menor, Diputada y Senadora de la provincia de Mendoza.
Asimismo, la sustanciación de su accionar surgía por su militancia política y
social y la participación en espacios bisagra donde legisló aquello que primero
gestionó. Sumado a ello, su labor parlamentaria fue basta, frente a una
estructura política donde primaba la matriz patriarcal y machista, que le
acotaba las propuestas según las expectativas de la época (mujer, niñez y
cuidados).
Los fundamentos
o razones presentados por la legisladora y los coautores, sugerían los primeros
frentes de batalla en razón del discurso dicotómico y legitimado sobre los
paradigmas de la protección integral. Este discurso se caracteriza como un
frente teórico que critica la realidad vigente del Patronato local y nacional,
denominada Doctrina de la Situación Irregular. Aún no se plantea la protección
integral como un paradigma, sino que se sustentan los cambios en los postulados
de la CDN.
Resulta
interesante observar como las ideologías imperantes en la época se centran, por
un lado, en la crítica al etiquetamiento y estigmatización social como el
flagelo de las infancias y adolescencias, y por el otro, en la pobreza en
perspectiva criminológica de subcultura, lo que dificulta la visión del delito
en los sectores medios y altos. No podemos dejar de rescatar la mirada crítica
hacia el estado benefactor y asistencialista, en los albores de la llegada
neoliberal, que propone un Estado mínimo y habilita acciones del mercado en
desmedro de lo anterior. Esta perspectiva sirvió como base para la llegada de
la acción neoliberal en la región.
En cuanto a la
tutela, acordamos con aquellos estudios (KONTERLLNIK; MUÑOZ; PELLIZA, 2002, OCAÑA;
LAVADO, 2008, FARIAS CARRACEDO, 2014; MOLINA de JUAN, 2017) que plantean a la
primera ley de infancia a nivel nacional como pionera, aun cuando la
competencia tutelar todavía es ejercida por el juez. Sin embargo, es preciso
aclarar que el cambio en la tutela se plantea en una doble vía: frente al poder
con el que se enfrentó y a la modificación que introdujo. Esta modificación se
dio a partir de la introducción de división de competencia civil-penal a través
del nuevo aparato judicial, prohibición de tomar medidas solo por razones de
carencia material, al encumbrarse al órgano administrador como institución
propositiva cuando era como subsidiario exclusivo del poder judicial y, por
último, al presentar a la CDN en su capacidad de acción, cuando se denominaba
por la magistratura como Declaración.
En cuanto al
poder judicial, plantea sus resistencias sin rodeos a través de la carta
enviada al poder legislativo en la que esbozan que es un avance del órgano
administrador sobre el poder judicial. Critican algunas de las nuevas ideas
como burocráticas, cuando en realidad estos temas requieren acciones diligentes
y simples tomadas por un juez. Se autoperciben como el ojo tutelar que conoce
la problemática de la niñez y adolescencia, ya que trabajan cotidianamente con
ella. Por último, plantean que las nuevas tareas triplicarían las tareas
actuales y proponen ampliar el aparato judicial sustancialmente. Esta propuesta
logró el reaseguro mediante el articulado de la ley sancionada. Esta maniobra
denota el pragmatismo judicial y la sagacidad de sus propuestas en la
reproducción del propio funcionamiento.
Para futuras investigaciones
y posteriores estudios, sería interesante indagar vinculación o articulación
entre los/as aliados/as y adversarios/as del proceso de implementación del
enfoque de derechos, tanto en el proceso legislativo como en la posterior
sanción de la Ley Provincial N° 6354. Otras de las indagaciones pendientes
surgen de la convergencia entre fuentes, para evaluar el alcance los pedidos de
la magistratura y posterior sanción de la ley 6354.
Para finalizar,
entendemos que la implicancia de estudio permite conocer a los actores en el
ejercicio del poder después de la ratificación de CDN. A pesar de que estas
resistencias persistieron, este primer enfrentamiento contribuyó a reorganizar
y redefinir acciones y representaciones sobre los modos y maneras de la
burocracia institucional sobre los derechos de las infancias a partir de la
década del 90.
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Agradecimiento
Los
autores agradecen a las editoras y a los revisores anónimos por sus valiosos
aportes y comentarios.
Recebido em 02/10/2021.
Aceito em 08/11/2021.